Denuncian falta de pago de pensiones por parte de Bienestar

Denuncian irregularidades en pago de pensiones de la Secretaría de Bienestar. Foto: Especial

El abogado David Iván Favela señaló a Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Querétaro, por presunto uso de programas sociales para promoción personal

La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México debe el pago de los programas sociales para adultos mayores y para personas con discapacidad, por lo que promoverán amparos en contra de la dependencia federal; denunció el abogado David Iván Favela.

“Estamos en la defensa de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes justamente por ser parte de un grupo vulnerable, no tienen conocimiento que la falta de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Rebeca del Rocío Peniche Vera, en los programas sociales, de los cuales por desgracia se han estado haciendo difusión y promoción personal. Es que no les están pagando de manera adecuada sus pensiones”, detalló.

Señaló que son por lo menos 10 personas quienes se han visto afectadas en sus pagos de pensiones, aunque señaló que también han identificado otras irregularidades, como el hecho de que se entreguen tarjetas a los beneficiarios, pero alguien más cobra los recursos.

“La Secretaría de Bienestar emite y reparte las tarjetas y puede ser desde que se equivocan al dar una tarjeta equivocada o que algún funcionario se queda con dicha tarjeta, se activa el medio de cobro, va al banco y depositan y sacan el dinero porque las tarjetas llegan a la Secretaría de Bienestar y ellos le hablan a los derechohabientes y les entregan las tarjetas”, explicó.

El abogado señaló que, hasta el momento, un juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y del Trabajo del Poder Judicial de la Federación ya resolvió un primer amparo por la falta de pago.

Añadió que si la falta de pago es de más de un año, el juez federal obliga a la dependencia federal que les paguen el retroactivo; subrayó que las sanciones podrían ir desde una multa, destitución del cargo o prisión.

Además, recalcó que también pedirán una auditoría para verificar cómo se ha ejercido el uso de los recursos públicos o si se ha utilizado para promoción personalizada o fines electorales.