Graciela Juárez expresó que el propósito es impulsar acciones y condiciones que posibiliten un ambiente laboral respetuoso e incluyente en la Legislatura del Estado
La diputada Graciela Juárez Montes, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, encabezó la reunión de trabajo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Poder Legislativo del Estado, en la cual fueron aprobados los Lineamientos de Operación del mismo, así como la Política de Igualdad laboral y No discriminación de este Poder.
Al hacer uso de la voz, la diputada Graciela Juárez expresó que el propósito es impulsar acciones y condiciones que posibiliten un ambiente laboral respetuoso e incluyente en la Legislatura del Estado, contribuyendo a la transformación de una cultura laboral en favor de la convivencia igualitaria y libre de violencia. Además de fomentar la creación de condiciones para el trabajo digno, con capacitación, y seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar de las y los servidores públicos.
Al ser aprobada la Política de Igualdad Laboral y No discriminación, quedó establecido que su objetivo es establecer los lineamientos que promuevan una cultura en esta materia en el Poder Legislativo del Estado y garantizar la igualdad de oportunidades para cada persona integrante de la plantilla de personal, armonizada con lo que establece la fracción III del Artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
La presidenta de la Mesa Directiva, Graciela Juárez Montes, instruyó al coordinador de Recursos Humanos de esta Legislatura, para que esta Política sea difundida de forma accesible a todo el personal que labora en el Congreso del Estado, sin importar el tipo de contrato, así como a las y los servidores públicos del mismo; puntualizando que su vigilancia, operación y evaluación estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Poder Legislativo local.
De esta manera, la Política de Igualdad Laboral y No discriminación establece que “está estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal en materia de: Apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales y situación migratoria”.
En otro asunto, también fueron aprobados los Lineamientos de Operación del Comité de Igualdad Laboral y No discriminación, estableciendo su conformación, funciones y fundamentos de operación, constituyendo además una herramienta de referencia y consulta en la materia al interior de la institución, privilegiando el uso del lenguaje y acciones incluyentes, con el fin de reafirmar relaciones de respeto e igualdad entre hombres y mujeres en el Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
Previo a ello, al inicio de la reunión quedó definida la integración paritaria de dicho Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Poder Legislativo, el cual, como se sabe, es encabezado por quien en su momento presida la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado, en este caso la diputada Juárez Montes, y será el encargado de la vigilancia, desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en la Legislatura del Estado de Querétaro. En su estructura e integración se privilegió la paridad de género, quedando integrado de la siguientes manera:
El secretario de Servicios Parlamentarios, Fernando Cervantes Jaimes, designó a María Alejandrina Macías Díaz; el tesorero, Itzcalli Rubio Medina, a María Guadalupe Cepeda Sosa; la titular de la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa, Martha Alejandra León Jiménez, a María del Carmen Consolación González Loyola Pérez; mientras que el director de Comunicación Social, Francisco Macías Casanova, designó a Martha Rocío Vega López; el contralor interno, José Antonio Trinidad Uribe Sánchez, a Daffne Hernández Martínez; y el oficial mayor, Eduardo Daniel Llamas Romo, a María Cristina Vega Prado.
