El estado de Querétaro se ubicó en primer lugar nacional en el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023
Si no se continúa con las acciones para garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía no habrá un trabajo que pueda ser “bien visto”, pese a los números que se presenten, refirió Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), luego de que la organización internacional World Justice Project informó que, por segundo año consecutivo, el estado de Querétaro se ubicó en primer lugar nacional en el Índice de Estado de derecho en México 2022-2023.
“Siempre cualquier cifra oficial se puede cuestionar, entonces, yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir teniendo acceso a la justicia, seguir resolviendo de la forma más pronta y mejor, y que se tenga confianza en las mismas instituciones”, apuntó.
Dado que, de acuerdo con los resultados del Índice de Estado de derecho en México 2022-2023 la entidad alcanzó la primera posición nacional en los rubros de límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, derechos fundamentales y justicia penal, Pérez González enfatizó que en Querétaro existe un trabajo coordinado entre las instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro y las policías municipales; lo que, dijo, contribuye a que Querétaro obtenga resultados “positivos”.
“Creo que hay un trabajo que se ha venido haciendo desde la procuración y la administración de la justicia, en el sistema de justicia penal que se está llevando a cabo, la forma en que está implementada la organización del Tribunal Superior de Justicia. Todo esto ayuda, contribuyendo para que nuestro estado tenga números positivos y podamos estar dando estas notas a nivel nacional. Es un trabajo en conjunto de varias instituciones, en donde finalmente Querétaro, por la cuestión de seguridad que se está manejando, son números buenos para nosotros”, afirmó.
Asimismo destacó la importancia de que se recobre la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia por parte de la ciudadanía.
