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noviembre 9, 2024

Realizan tendedero de padres morosos afuera de la Legislatura local

Registran mil deudores alimentarios en Querétaro

La organización Adax Digitales, impulsora de la ley Sabina en Querétaro, tiene un registro de mil padres deudores de la pensión alimenticia, denunció Mayra Alejandra Dávila, vocera de la colectiva.

Ante esta situación, este lunes 19 de junio la organización, conformada por mujeres y madres, realizó un tendedero a las afueras del Congreso local, con la finalidad de que haya celeridad en los trabajos legislativos respecto a la ley Sabina, la cual contempla un padrón estatal de deudores alimentarios.

En entrevista, Mayra Alejandra Dávila detalló que los deudores alimentarios que registran en Adax Digitales representan, al menos, a dos mil menores que no están recibiendo pensión.

Mayra Alejandra Dávila descartó que el padrón pueda ir en contra de los derechos humanos de los padres morosos
Mayra Alejandra Dávila descartó que el padrón pueda ir en contra de los derechos humanos de los padres morosos / FOTO: Nadia Bernal

Recordó que los artículos transitorios de la ley Sabina aprobada en el Senado, plantean que las legislaturas locales puedan homologar lo que ya se aprobó a nivel federal; en este caso, integrar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios para que ese registro estatal sea funcional y de ahí se alimente el registro federal.

Descartó que el padrón pueda ir en contra de los derechos humanos de los padres morosos que aparezcan en este; ya que, a diferencia del Registro de Agresores Sexuales, este será temporal, es decir, hasta que el padre cumpla con su obligación del pago de la pensión.

Dijo que fue enviada una carta a la mesa directiva de la Legislatura, presidida por la diputada Graciela Juárez Montes, para que los diálogos en torno a la ley Sabina puedan ampliarse con más diputados.

Añadió que, aunque se realizó una reunión con la diputada del PAN, Mariela Morán Ocampo, presidenta de la comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la colectiva no está cerrada a impulsar la iniciativa con otros grupos parlamentarios.

Consideró que existe un retraso legislativo en la ley Sabina, pero recordó que a partir de la aprobación federal se estableció un plazo de 300 días para que los estados puedan realizar la homologación correspondiente.

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