Presentan iniciativa para impedir a deudores alimentarios acceder a cargos públicos

Dependerá que las instancias federales emitan lineamientos para que en el próximo proceso electoral esté listo el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) en el Congreso del estado de Querétaro presentaron la iniciativa de reforma de ley que establece como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimentaria, es decir, que la persona no sea deudora alimentaria.

En rueda de prensa, la diputada Liz Selene Salazar Pérez, presidenta de la comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, explicó que esta iniciativa responde a la homologación de la reforma constitucional conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 29 de mayo.

Asimismo, señaló que la reforma constitucional, en los transitorios, señala que los estados cuentan con un plazo de 180 días para armonizar el sistema legal estatal, acorde a lo mandatado.

“Estamos en tiempo para ello y entre otros algunos preceptos que habremos de reformar se encuentran los artículos 8, 28 y 30 bis de la Constitución del Estado”.

Con estas reformas, mencionó, se establecen los candados necesarios para que los morosos alimentarios no puedan ser gobernador, diputado o miembro de algún ayuntamiento; tampoco podrá ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Y que además tampoco puedan ser nombradas para ninguna encomienda en el servicio público”.

Iniciativa, distinta al padrón de deudores alimentarios

En tanto, la diputada Mariela Morán Ocampo, titular de la comisión de la Familia y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, dijo que en la iniciativa se propone un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que es distinto a un Padrón de Deudores Alimentarios.

El diputado Manuel Pozo Cabrera, subrayó que para que la entidad pueda participar en esta normativa es necesario que la ley local sea modificada; sin embargo, también refirió que esta propuesta depende del Sistema Nacional DIF y del Poder Judicial de la Federación, pues son las instancias facultadas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

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