Exigen al Gobierno Estatal expropiar tierras al Ejido San Pablo

Representantes del Ejido San Pablo afirmaron que un tribunal falló a su favor y ordenó al Gobierno del Estado de Querétaro el pago de una indemnización por la expropiación de sus tierras

Representantes del Ejido San Pablo explicaron que el Gobierno del Estado de Querétaro construyó en 1975 parte del bulevar Bernardo Quintana sobre 4.2 hectáreas que no eran de su propiedad, sino del ejido.

Por este motivo, ante la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, solicitaron al gobernador Mauricio Kuri González que la administración estatal inicie el proceso de expropiación de las tierras de uso común y autorice la indemnización correspondiente.

Tras indicar que este lunes 26 de junio, hicieron entrega ante el Gobierno Estatal de la resolución y la solicitud al mandatario estatal, Rocío Vidal, apoderada legal del Ejido San Pablo, recordó que ante el largo periodo de nueve años que ya lleva el juicio -que inició con una demanda en 2014 por parte de los ejidatarios y se prolongó por un amparo que interpuso en 2020 el Gobierno Estatal- el tribunal ordenó que el pago de la indemnización se realice de forma inmediata.

“De dicha sentencia, se desprende que el Tribunal Unitario Agrario 42 le concede la razón a nuestro ejido en el sentido de que ciertamente es evidente la ocupación de la superficie aludida en tierras comunales de nuestro núcleo de población. Resuelve que es procedente el inicio forzoso de la expropiación”, dijo.

El abogado Nicolás Rico Bañuelos explicó que será el Instituto de Administración de Avalúo de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la instancia que determinará el monto correspondiente a la indemnización.

Detalló que las 4.2 hectáreas se encuentran en el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de avenida Pie de la Cuesta con dirección a avenida 5 de Febrero.

“En la más reciente asamblea cuando les notificamos al ejido la resolución de esta sentencia, hay el acuerdo de que el ejido mayoritariamente decidió no afectar la movilidad social. La intención es continuar el camino jurídico”, apuntó la apoderada legal del Ejido San Pablo.

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