Ya que por decreto la Semar tendrá responsabilidad sobre aeropuertos, como el AICM, el diputado federal por Querétaro recalcó que la oposición está en contra de la militarización
La administración pública debe recaer en el ámbito civil, subrayó el diputado federal por Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, en relación con el decreto del presidente de la República por el cual la Secretaría de la Marina (Semar) asumirá la operación y la administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM) .
Aunque aclaró que las Fuerzas Armadas, como es el caso de la Secretaría de Marina, merecen todo el respeto en la labor que desempeñan, enfatizó que la oposición en el Congreso de la Unión se ha manifestado en contra de la militarización del país.
Recordó que dicho decreto forma parte del paquete que aprobó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el último periodo de sesiones y que la oposición impugna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“El hecho de pretender seguir generando un monopolio en las Fuerzas Armadas no solamente desnaturaliza su misión y su objetivo, sino que está generando mucho más opacidad en los procesos. Entonces, vamos a estar en contra siempre de reducir las facultades civiles (…)”, apuntó Felipe Fernando Macías.
Se trata de una facultad del Ejecutivo, aclara Del Prete
Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Del Prete Tercero, refirió que hasta el momento el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) no ha recibido ninguna notificación en relación con el decreto.
No obstante, puntualizó que se trata de una facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador; y, además, reiteró que los aeropuertos internacionales -de manera independiente, la instancia que se encargue de su administración- también se rigen bajo una ley y un reglamento nacional, así como por certificaciones de carácter transnacional.
“Es una decisión que el presidente toma en el ámbito de sus facultades. Los aeropuertos independientemente de quién los administre o quién los opere sigue una ley, un reglamento específico (…) en dónde se establecen la manera de comunicarse y operar. Además, los aeropuertos (…) tienen certificaciones internacionales, por lo mismo a manera de comunicarse y operar”, apuntó.
