Para el próximo proceso electoral, los OPLE deben garantizar cuotas arcoíris para garantizar la participación de dicha población en los cargos de elección popular
Si el Congreso del estado de Querétaro no realiza las modificaciones correspondientes en su ley electoral para garantizar las “cuotas arcoíris”, será responsabilidad del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) impulsarlas, con la finalidad de que en las próximas elecciones se garanticen espacios de representación a personas de la población LGBT+, afirmó Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade no binarie del Tribunal Electoral de Aguascalientes y primera persona no binaria en ocupar ese cargo.
“Si no lleva a cabo las modificaciones correspondientes, va a obligar que también el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de esta entidad tenga que incluir las cuotas arcoíris para que garanticen la participación de nuestra población en los cargos de elección popular”.
Baena Saucedo, primera persona en obtener una credencial de elector con identidad no binaria, explicó que México tiene un cinco por ciento de población LGBT+, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) del Inegi.
“Es el único instrumento oficial que tenemos a nuestro alcance para determinar cuántas personas conformamos la diversidad sexual y ese es el porcentaje que deberíamos tener en los cargos de representación”.
En otro tema, reconoció el avance que ha tenido la entidad sobre el matrimonio igualitario o la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG); no obstante, refirió que en el país todavía existen temas pendientes para garantizar todos los derechos de las personas que pertenecen a este grupo.
En cuanto a la iniciativa sobre la “Ley de identidad de género”, explicó que su importancia radica en que con ello se garantizaría un derecho fundamental que deviene del libre desarrollo de la personalidad.
Dijo que la identidad de género como derecho humano debe estar garantizado en todo el país, sin la necesidad de interponer un recurso de amparo, trámite que llega a tardar entre seis y 11 meses, y tiene un costo estimado de 15 mil pesos.
