La gobernadora indígena del estado de Querétaro, María Guadalupe Díaz Reséndiz, alertó que la mayoría de los pueblos originarios no cuentan con acceso garantizado al agua potable
Un estimado del 85 por ciento de las comunidades indígenas del estado de Querétaro no cuenta con acceso a agua potable, por lo que es necesario que en la obra pública que se realice con el apalancamiento financiero, se incluya infraestructura para los pueblos originarios y no beneficie únicamente a las empresas, aseveró María Guadalupe Díaz Reséndiz, nueva gobernadora indígena de la entidad.
“Ya se metió el escrito, primero hacia el gobierno para ver qué podían hacer; se va a meter a Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Aguas, para ver qué nos pueden hacer (…) al menos el 85 por ciento, pero sí es mucha gente que está sufriendo por el agua”.
Explicó que,en el municipio de Tolimán, de donde es originaria, se detectó que de las 62 comunidades que lo integran, al menos 40 no cuentan con agua.
“Ya se viene haciendo todo un análisis en el estado el compañero Miguel Ángel Cano, junto con otros compañeros; pero ya ellos lo van haciendo (…) en Tolimán más de la mitad están sin agua. Está un pozo y nada más vierte a las comunidades que les alcance y a las demás comunidades ya no”.
Asimismo, señaló que hace dos meses interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el respaldo de mil 200 firmas, en contra de funcionarios, por presunta omisión al otorgar el servicio, por el “robo de agua” y por contaminación de agua.
Piden renuncia de diputada indígena de Morena
Por otro lado, la gobernadora indígena también señaló que la diputada local indígena de Morena, Yasmín Albellán Hernández, no ha impulsado propuestas legislativas a favor de las comunidades originarias, por lo que pidió la renuncia de la legisladora.
“Como gobernadora indígena sí voy a hacer un pronunciamiento bien escrito al partido para que se solicite la renuncia de esa persona y se ponga a la suplente a trabajar”.
Criticó que la legisladora haya votado a favor del financiamiento de 3 mil 300 millones de pesos autorizados por la legislatura al Poder Ejecutivo Estatal.
