Activistas y organizaciones lamentan suspensión definitiva de Ley Antitabaco. Foro: Especial
La suspensión definitiva contra el reglamento de la Ley Antitabaco es un retroceso legal, subrayó Gisela Sánchez Díaz de León, quien por 10 años pugnó en favor de espacios libres de humo en Salud y Género, AC, y en Comunicación, Diálogo y Conciencia (Códice), AC.
La activista puntualizó que, en materia de derechos humanos, en específico en lo que se refiere al derecho a la salud, la ley no es retroactiva, por lo que dijo que espera que sea temporal la no aplicación del reglamento para los establecimientos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Asimismo denunció que la Canirac promueve ante el gremio restaurantero no agremiado asesoría legal para ampararse con la finalidad de generar un ingreso a través de la afiliación de los establecimientos.
“Por un lado dicen que están promoviendo amparos, pero lo que están promoviendo en realidad es una afiliación a la Canirac, es decir, están ganando dinero con las afiliaciones para supuestamente tener asesoría legal y amparo. No existe la retroactividad en las leyes. Esa suspensión a lo mejor les funciona un tiempo, pero no hay retroactividad, no se puede defender el interés de una minoría, de intereses económicos, sobre el derecho a la salud”, enfatizó.
El 18 de julio, la presidenta de la Canirac en Querétaro, Rosalinda Hernández, informó que, tras la suspensión provisional del reglamento de la Ley Antitabaco, habilitarán las áreas exclusivas para fumar en el 70 por ciento de los restaurantes que se encuentran agremiados en el estado.
Díaz de León enfatizó que la población de fumadores es minoría y que la habilitación de áreas para fumar en los establecimientos “atenta” contra la salud de los trabajadores y los consumidores.
“Los argumentos que dice la Canirac: que se pierden clientes, ya están superados. Hay muchos estudios a nivel nacional e internacional que revelan que no pierden clientes; al contrario, sabemos que la salud pública pierde muchísimo dinero (…) de las enfermedades que provoca el tabaco, que la economía que produce su consumo”, dijo.
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