El municipio de Querétaro advirtió que no expedirán licencias de funcionamiento de actividad lucrativa que no estén apegada a la ley; menos aún, si está relacionada con hechos delictivos que determinen autoridades investigadoras
Después de la manifestación realizada por trabajadores y propietarios de recicladoras en la entidad, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, aseveró que las suspensiones a las chatarreras se hicieron conforme al marco legal.
“¿Cuál arbitrariedad? Si no traes licencias, si no cumples con las medidas de protección civil y no tienen permisos, no hay ninguna arbitrariedad; o sea, se actuó conforme a la ley”, apuntó luego de que se sostuvo un diálogo con las personas que protestaron.
No obstante, dijo que tendrán que revisarse las particularidades de cada establecimiento suspendido; añadió que ya recibieron el pliego petitorio de los manifestantes, el cual será revisado.
“Hay que revisar los casos, seguramente en algunos los detalles fueron menores, pero muchos de ellos no tienen licencia de funcionamiento; es más, no pueden ni vender y entiendo que es una fuente de empleo, pero es parejo, no podemos ceder ante unos y ante otros no”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín Baltazar, confirmó que tan sólo en la capital fueron revisados 44 establecimientos, de los cuales 28 incumplían con la norma, por lo que fueron suspendidos.
“No hubo abuso de autoridad, simplemente hay gente que no cuenta con permisos para trabajar y algunos que contaban con la licencia no cumplían con los protocolos de protección civil”.
Mediante un comunicado, el municipio de Querétaro aclaró que los cierres de las chatarreras fueron realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y las áreas de inspección municipales el pasado 15 de agosto; se ejecutaron 25 cateos y 42 inspecciones administrativas en seis municipios. Esto derivó, apuntó, en la detención de una persona, más de 176 kilos de cable decomisados, un inmueble asegurado y la suspensión de 12 negocios.
Asimismo advirtió: “No se expedirá ninguna licencia de funcionamiento de actividad lucrativa que no esté apegada a la ley y, menos aún, si está relacionada con hechos delictivos que determinen las autoridades investigadoras”.
