Revisión de mochilas depende de anuencia de padres

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación del estado de Querétaro, consideró que los padres de familia deben autorizar la revisión de las mochilas de sus hijos

La secretaria de Educación del estado de Querétaro, Martha Elena Soto, recalcó que la decisión de si implementan o no el operativo de revisión de mochila en una institución educativa depende de la organización y anuencia de los padres de familia.

Tras el fallecimiento de un menor de edad el pasado 14 de noviembre al interior de una primaria de la comunidad de San Isidro Miranda, municipio de El Marqués presuntamente por el disparo de un arma en forma de pluma; la funcionaria enfatizó que los padres de familia tendrían que manifestar por escrito estar de acuerdo con dicha medida.

Aunque reconoció que llevar a cabo el operativo es hoy parte del sentir de la población del estado, refirió que es “impedimento jurídico” la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El propósito es, si así lo desea la comunidad escolar (…), los padres de familia podrían ser los que estuvieran a cargo de la operación, porque si lo hace alguien más, del personal de las escuelas, sin el permiso expreso de los padres, se puede caer en vulneración de derechos humanos y del interés superior del menor”, insistió.

Revisión en las escuelas

De acuerdo con la recomendación de la CNDH, dada a conocer a través de un comunicado el 4 de agosto del 2019, lo que la Comisión sugirió a la SEP fue determinar la procedencia de la continuación del Operativo Mochila Segura.

De ser así, la CNDH puntualizó que el operativo tendría que ser ejecutado “como medida de protección y cuidado en favor de niñas, niños y adolescentes; bajo un enfoque de derechos humanos y que privilegie el interés superior de la niñez”.

En febrero del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el operativo es inconstitucional por violar los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores. No obstante, los ministros manifestaron que la inconstitucionalidad del programa no impide su aplicación en casos justificados.

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