La aplicación del operativo mochila a los estudiantes de nivel básico y media superior no viola algún Derecho Humano, aseguró Javier Rascado Pérez
El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, aseveró que la aplicación del operativo mochila a los estudiantes de nivel básico y media superior no viola algún Derecho Humano; aclaró, que la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Educación Pública, pide que se garanticen ciertos protocolos de actuación en el mismo.
Explicó que en la entidad se tiene que revisar si existe la oportunidad, la legalidad y el consentimiento de los padres, para poder atender desde lo local los principios que se establecen para que esta acción no sea violatoria.
“Hemos tenido acercamiento con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), que son quienes han pedido nuestra opinión y hemos sido muy claros al respecto, y no necesariamente se violentaba un Derecho Humano”, dijo.
Puntualizó que para que este tipo de operativos se realicen se tendría que atender desde las áreas ejecutivas, para que determinen y establezcan los modelos que podrían implementar para la generación de las políticas públicas necesarias.
“Nosotros sólo somos vigilantes de que no se violenten los Derechos Humanos, y en este caso coadyuvamos en el sentido de la revisión de los protocolos, pero serían las autoridades ejecutivas las que tomarán las determinaciones de cuáles serían los modelos para implementar políticas públicas”, afirmó.
Reiteró que el operativo mochila no es inconstitucional siempre y cuando se realice con legalidad, por lo que se tiene que contar con el consentimiento de los padres de familia de los menores.
“Yo diría que no necesariamente es inconstitucional cuando se cumple con los principios de oportunidad, de consentimiento y sobre todo de legalidad, y nosotros estaríamos vigilando que se cumplan con todos los principios y acuerdos”, apuntó.
Sostuvo que todas las políticas públicas que garanticen la integridad de los niños, niñas y adolescentes serán bien recibidas siempre que abonen a la protección de los menores.
