Ambientalistas y defensores humanos manifestaron confiar que, en lo primeros meses de este 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el amparo interpuesto en julio del 2023 en contra de la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.
Lorenia Trueba Almada reiteró que dicha ley violenta el acuerdo de Escazú y recalcó que se trata de una normatividad que legalizó la privatización del servicio del agua.
“Esperamos que en estos meses, que en este 2024, se resuelva. Dado el antecedente y dado todos los precedentes que existen en estos momentos a nivel internacional y en la Corte sobre el tema de medio ambiente, nosotros sí creemos que hay buenas expectativas y buenas probabilidades de que el amparo se resuelva en favor de los quejosos”, dijo.
Señaló que el convenio que el 7 de diciembre del 2023 firmó la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para asumir la operación del sistema de suministro de agua potable de Hacienda El Campanario es resultado de la entrada en vigor de la ley.
“La ley ya está en vigor, asumo que todos estos nuevos acuerdos que se están dando son bajo el amparo de esta nueva ley que, mientras la Corte no decrete que es inconstitucional o que es violatoria de derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, la van a seguir aplicando”, agregó.
No obstante, sobre el acuerdo entre la CEA y Hacienda El Campanario, Pamela Siurob Carvajal acotó que la concesión que tenía el residencial era irregular, ya que se trataba de un permiso de uso agrícola.
“Lo que estaba sucediendo con los pozos de El Campanario era algo irregular e ilegal, porque esos pozos de seguro tenían una concesión agrícola; por lo tanto, tenían problemas legales y cualquiera lo podría demandar. ¿Qué se pretende? No sabemos, quizá darla en concesión a un privado para la administración, no sabemos, se tendrá que ir viendo con el tiempo”, apuntó.
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