La presidenta del Colegio de Abogados Litigantes, Mayela Portos Hernández, explicó que sigue avanzando el convenio de subrogación de defensa administrativa
Un total de 10 procedimientos de defensa administrativa con el municipio de Querétaro y uno más con la Fiscalía General del Estado, son los que se llevan cuantificados en el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, esto como parte del convenio de defensa de servidores públicos, afirmó Mayela Portos Hernández, presidenta del Colegio.
Explicó que, desde hace más de un año, el Colegio de Abogados Litigantes continúa trabajando en el convenio de subrogación de defensa administrativa, el cual consiste en que abogados de este representen legalmente y de forma gratuita a aquellos funcionarios que han incurrido en alguna falta administrativa y que por ello se inicia un procedimiento en el órgano de control interno en su contra.
Con este acuerdo se busca garantizar una técnica adecuada y especializada a favor de los funcionarios públicos, así como evitar que sean víctimas de algún fraude o erogación excesiva por su defensa.
Actualmente, subrayó, tienen convenio con el municipio de Querétaro, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, así como con el Tribunal Electoral del estado de Querétaro (TEEQ).
A la par, los abogados integrantes de este Colegio pueden trabajar también a favor de mujeres víctimas de acoso laboral.
Portos Hernández aseveró que, a la fecha, en el TEEQ no se ha iniciado ningún procedimiento de defensa; sin embargo, es con el municipio de Querétaro donde se tienen registrados la mayor cantidad de casos, con más de una decena de representaciones.
En este sentido, especificó que el convenio con el municipio es más antiguo, por ello es donde tienen más casos de representación; los convenios con las otras dos instituciones públicas, dijo, son más recientes por lo que no se tienen tantos casos.
“Los convenios ya están firmados, ya lo podemos hacer, en el caso de la Fiscalía General del Estado también podemos defender a aquellos servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa”, señaló.
