Los puntos de vista encontrados siguen en torno a la reforma de la Ley de amparo. Santiago Nieto Castillo, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Senado de la República, consideró que, antes de la modificación aprobada en el Congreso de la Unión, había interpretaciones judiciales desmedidas.
“Era un exceso que por una suspensión un juez pudiera detener la construcción del Tren Maya o del aeropuerto”, afirmó.
Si se suspenden leyes por motivos generales, se genera una contradicción con la propia Constitución, de acuerdo con el abanderado morenista, quien recuerda que la Carta Magna establece la declaratoria general de inconstitucionalidad siempre y cuando haya ocho votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Había sido una interpretación por parte de los jueces federales de que hubiera la posibilidad de suspender una ley, a pesar de que había una prohibición expresa de la ley reglamentaria en las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional para acciones de inconstitucionalidad y controversias, pero por supuesto que se pueden suspender actos”, explicó.
El candidato de Morena al Senado de la República opinò que no hay ninguna irregularidad en la recién aprobada reforma de la Ley de Amparo, en el sentido de la suspensión de un acto inconstitucional emanado de cualquier tipo de autoridad.
“Claro, siempre y cuando sea definitivo”, precisó.
Pero anteriormente resultaba desproporcionado, reiteró Santiago Nieto Castillo, que un solo juez pudiera suspender una ley con efectos generales.
“El hecho de que se determine con efectos generales la no aplicación de una ley me parece que es contrario a nuestro propio diseño constitucional. Y lo que hizo el Congreso de la Unión fue establecer por qué esta interpretación judicial era excesiva”, concluyó.
No obstante, la argumentación de Nieto contrasta con la de Damián Zepeda Vidales, senador del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha expresado que la reforma aprobada quita la protección a los ciudadanos ante decisiones arbitrarias tomadas por las autoridades.
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