Los trabajadores del gobierno estatal presentaron su declaración patrimonial y de intereses; se registró un 100% entre los trabajadores del Poder Legislativo, del Poder Judicial, la Fiscalía, la Fiscalización estatal y el Tribunal de Justicia Administrativa
El secretario de la Contraloría, Oscar García González, informó que los 40 mil 742 servidores públicos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro cumplieron en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial y de intereses. Por ello, expresó un reconocimiento a la disposición y compromiso de los trabajadores del gobierno estatal, pues abona a la rendición de cuentas y a la transparencia.
Detalló que de los 62 mil 800 funcionarios obligados, y que laboran en los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, y los 18 municipios que conforman la entidad, este año se presentó un incumplimiento de 414, lo que representan el 0.66 por ciento; es decir, en la entidad se tuvo un cumplimiento de 99.34 por ciento.
Óscar García mencionó que se registró un cumplimiento en tiempo y forma con el 100 por ciento de los 289 trabajadores del Poder Legislativo; mil 384 del Poder Judicial; mil 497 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; 97 de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, y 83 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
También cumplieron con esta obligación 56 integrantes de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; 59 del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; 33 del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 33 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Querétaro, y 281 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
Resaltó que entre los 18 mil 246 funcionarios obligados en las administraciones municipales, cumplieron 17 mil 843, es decir, 403 funcionarios de seis localidades fueron omisos.
Oscar García indicó que en total 414 trabajadores no cumplieron con su obligación, y deben ser investigados de manera inicial por los Órganos Internos de Control, con la posibilidad de ser sujetos a sanciones, desde una amonestación hasta la inhabilitación.
