El asesor jurídico Rogelio Estrada denunció presuntos hechos violatorios de derechos humanos y abuso de autoridad cometidos en contra de dos personas de la tercera edad en el municipio de Colón
Rogelio Estrada Pacheco, asesor jurídico, denunció presuntos hechos violatorios de derechos humanos y abuso de autoridad que se cometieron, dijo, en contra de dos personas de la tercera edad en el municipio de Colón.
En rueda de prensa, Estrada Pacheco explicó que el cuatro de agosto del 2023, Alejandro Castillo López, de 71 años de edad; María Ana Quiroz Pesina, de 65 años de edad; y su sobrino, Alejandro Carrillo López, fueron detenidos a unos metros del Banco del Bienestar del citado municipio, esto sin orden de aprehensión.
La detención obedeció, según Castillo López, quien se presentó en la rueda de prensa, a que estaban acusados supuestamente de robar un banco y de poseer dos millones de pesos, ya que su sobrino, quien tenía el cargo del director del Banco del Bienestar, era sospechoso de un robo que el banco sufrió el tres de agosto de ese año.
Acusó qué durante la detención fueron múltiples irregularidades las que sufrieron, entre las que destacaron tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia psicológica, violencia pública a nivel nacional; además de que, aseveró, estuvieron detenidos sin una orden por más de seis horas y fueron trasladados a los municipios de Cadereyta y San Juan del Río durante el proceso.
Por su parte, el asesor jurídico señaló que los hechos ya fueron denunciados en la Fiscalía General de la República (FGR) y se encuentran bajo la carpeta 15192023, así como ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHQ) en la carpeta 2882023.
Rogelio Estrada Pacheco acusó de manera directa al secretario de Seguridad Pública, al director de la policía municipal, a cuatro elementos y al presidente municipal, todos del municipio de Colón.
Tras acusar que la Defensoría trabaja de una manera lenta en la entidad, indicó que además de solicitar una recomendación por parte de ésta hacia los funcionarios públicos señalados, buscan una reparación del daño integral de hasta cinco millones de pesos, así como una disculpa pública; ello, porque afirmó que desde lo sucedido, han realizado gastos superiores a los 134 mil pesos en atención médica, psicológica y legal.
Los tres detenidos fueron desvinculados del proceso al no encontrarse culpables del robo y de no poseer el dinero.
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