El pleno de la SCJN invalidó el artículo 155 del Código Penal del Estado de Querétaro, pues tipificaba de manera poco clara y ambigua el delito de amenazas
Generar “un Estado de derecho más garantista” es el objetivo de la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de lo escrito sobre el delito de amenazas en el “Código penal para el estado de Querétaro”.
Esto, de acuerdo con Carlos Trejo Aldrete, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del estado de Querétaro, AC, en relación, específicamente, con la invalidación del primer párrafo del artículo 155, así como con los tres párrafos siguientes que lo integran, bajo el argumento de que se violenta el principio de taxatividad.
“Esta decisión, que pudiera ser compartida o no por los operadores del sistema de justicia penal y la sociedad en general, debe ser tomada en un sentido positivo, ya que brinda la oportunidad para que el Poder Legislativo, de ser su intención que el tipo penal de amenazas siga siendo castigada por la ley penal, sufra las modificaciones pertinentes, mediante una reforma, acorde con los lineamientos que en su momento se publiquen en la versión pública de la sentencia”, afirma este especialista.
La determinación, que es definitiva, eleva los niveles de exigencia para los integrantes de los poderes legislativos al construir la ley, según Trejo Aldrete, quien agrega que estos enfrentan el problema de redactar la norma de forma coloquial y coincidente con las conductas que se propuso prohibir y sancionar.
En este tenor, Trejo también sostiene que el derecho, en todos sus aspectos y disciplinas, y aún más la penal, está en constante evolución.
“Definitivamente, se convierte en un reto para los integrantes del Congreso redactar leyes y diseñar cuidadosamente los tipos penales a los que se sujetan todos los ciudadanos”, detalla.
De ahí se deriva la importancia de tomar en cuenta el punto de vista de expertos en las materias que se pretenda legislar.
“Resultaría enriquecedor consultar a profesionistas destacados en el ámbito del derecho penal que desde las universidades y las asociaciones civiles puedan contribuir a esta compleja obligación del Estado”, concluye.
