El diputado local del PAN, Antonio Zapata Guerrero, acusó a Morena por haber mentido -con fines político-electorales- sobre la supuesta privatización del servicio de agua potable
Luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la constitucionalidad de la Ley de Aguas del estado de Querétaro, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero, destacó que el Alto Tribunal reconoció que no existe privatización del agua potable.
“La Corte lo acaba de decir de manera clara, reconoce que no existe privatización en los servicios de suministro de agua potable, del saneamiento y mucho menos del alcantarillado en el estado de Querétaro; determina además expresamente que no tiene la ley ninguna visión o naturaleza comercial”, manifestó.
Asimismo, el legislador local panista acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por haber mentido sobre este tema de manera sistemática con fines político-electorales.
En este sentido, destacó que dicha sentencia es obligatoria para todos los jueces y tribunales del país.
“La votación que alcanza la SCJN esta tarde genera jurisprudencia, también es un aspecto que hay que resaltar, la cual resulta de observancia obligatoria en todos los tribunales; la Corte confirma que nuestra ley es constitucional y que, incluso, cumple con el servicio mínimo”, enfatizó.
Zapata Guerrero recordó que previamente tanto la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analizaron jurídicamente el contenido de la Ley de Aguas; y tomaron la decisión de no impugnarla mediante acciones de inconstitucionalidad.
Además, resaltó que esta norma eliminó los macromedidores; por lo que los habitantes de condominios pagarán de manera individualizada su consumo de agua potable.
Durante la sesión pública de este miércoles 26 de junio, la Primera Sala del Alto Tribunal falló en contra de las personas activistas y organizaciones sociales que presentaron demandas de amparo. En su sentencia, resolvió también que la Constitución y los tratados internacionales no prohíben la concesión del suministro de agua potable.
