Ningún deudor alimentario podrá ocupar cargo público en Querétaro

El diputado local del PRI, Paul Ospital Carrera, celebró la aprobación de que ningún deudor alimentario moroso puede contender por un cargo de elección popular en el estado de Querétaro

La Ley 3 de 3, que presentamos en febrero del 2023, evitará que quien sea deudor alimentario moroso o haya sido condenado por delitos sexuales o violencia política de género, pueda ser candidato a gobernador, diputado local, alcalde, regidor o por alguno de los cargos que elige la Legislatura, destacó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera.

Durante la sesión de pleno de la 60 Legislatura del estado de Querétaro, se aprobó la iniciativa de Ley que Reforma los artículos 8 y 28 de la Constitución Política del Estado, el artículo 59 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro y el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Paul Ospital recordó que esta iniciativa ya fue presentada en los estados de Yucatán, Sonora, Baja California y Morelos, y apuntó que Querétaro ocupa el tercer lugar como estado en ejercer violencia en contra de las mujeres con el 75.2 por ciento: “tiene el primer lugar en violencia contra la mujer dentro de las escuelas con el 40.3 por ciento y, conforme a la CNDH, el 88.4 por ciento de las mujeres, cuando sufre violencia, no lo hace de conocimiento de la autoridad”.

Esta iniciativa, presentada en conjunto con la diputada Graciela Juárez Montes, establece que las personas que hayan sido condenadas como deudores alimentarios, que hayan sido condenadas como personas agresoras por delitos sexuales y/o violencia familiar y, las personas que hayan sido condenadas por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrán ser candidatos u ocupar los cargos, en la entidad, de gobernador o gobernadora, presidente o presidenta municipal, regidor o regidora, magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia, presidente o presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, consejero o consejera Electoral y/o comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información.

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