Ante Ley 3 de 3, emisión de sentencias debe apresurarse

Maricruz Ocampo, directora general de Aliadas Incidencia Estratégica, aseguró que es momento de que en los juzgados se “apresure” el proceso para la emisión de sentencias respecto a los deudores alimentarios morosos; por ello, reconoció la validación de la Ley 3 de 3

Es momento de que en los juzgados se “apresure” el proceso para la emisión de sentencias, aseveró la directora general de Aliadas Incidencia Estratégica, Maricruz Ocampo Guerrero, tras la aprobación de la reforma que armonizó la ley local para que, en el estado de Querétaro, quien sea deudor alimentario moroso o haya sido condenado por delitos sexuales o violencia política de género no pueda obtener una candidatura a gobernador, diputado local, alcalde o regidor.

Reconoció que la validación en el Congreso local de la denominada Ley 3 de 3, iniciativa que presentaron los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital y Graciela Juárez habla de que Querétaro, como entidad, se encuentra en el camino para “hacer cosas” a favor de los derechos de las mujeres.

“Necesitamos que las autoridades responsables de la impartición de justicia, de perseguir este tipo de delitos y castigarlos, hagan su trabajo y lo hagan de una forma para que no le demos oportunidad de participar a personas que cumplen sus supuestos”, afirmó.

No obstante, subrayó que las autoridades que se encargan de la impartición de justicia en el estado tienen que garantizar que se notifique en los juicios familiares quiénes son deudores alimentarios.

También enfatizó que se debe determinar con precisión dentro de los mismos delitos cuál es la gravedad, para que a partir de que una persona los cometa, no pueda contender por ningún cargo público local.

“Por ejemplo, el presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, que estaba en el padrón, pudo participar. Dijeron: ‘Es que no se considera grave’, pues que sean muy claros en determinar cuál es la gravedad que se requiere para impedirles participar. En mi opinión, si están en el registro de agresores de violencia política de género, no deberían participar. Los tribunales, sobre todo los electorales, no tienen que dar certidumbre de cuándo sí y cuándo no aplica”, apuntó.

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