Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez, Aída Irasema Corona Martínez, Ana Cristina Solórzano Gallego, Carlos Arturo Juárez Morales y Carlos Rubén Eguiarte Mereles rindieron protesta como nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado
En la sesión de Pleno de la 60 Legislatura del Estado que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Metropolitano del Querétaro Centro de Congresos (QCC); Gabriela Fernández de Cevallos Álvarez, Aída Irasema Corona Martínez, Ana Cristina Solórzano Gallego, Carlos Arturo Juárez Morales y Carlos Rubén Eguiarte Mereles, rindieron protesta como nuevos magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado de Querétaro por el periodo que comprende del 16 de septiembre de 2024 al 15 de septiembre del 2036.
Además, las y los diputados locales eligieron y tomaron protesta a José Alberto Bravo Morales como nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, para ocupar el cargo por el periodo que comprende del 23 de agosto de 2024 al 22 de agosto de 2036.
Por otra parte, se designó a Jorge López Crespo como titular de la Tesorería del Poder Legislativo del Estado; esto, ante la solicitud que recibió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de quien ocupaba dicho cargo y dijo separarse del mismo de manera definitiva.
En una segunda sesión de Pleno, los legisladores avalaron diversas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; entre ellas, una modificación al artículo 137 para que la Presidencia de la Jucopo se asigne “al coordinador del partido político con mayor votación obtenida respecto a la última elección de diputaciones locales”.
Asimismo, la adición que se aprobó considera fijar que la duración del cargo de presidente o presidenta de la Jucopo sea “por todo el periodo de la Legislatura”; es decir, tres años.
Otras de las reformas que se aprobó es la modificación al artículo 120 de la misma ley con la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado se elegirá de manera rotativa “en género y entre cada uno de los distintos grupos y fracciones representados en la Legislatura”; la adición a dicha normativa precisa que “el mismo grupo o fracción no podrá ostentar la Presidencia por dos periodos consecutivos”.
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