El psicólogo clínico Juan Carlos García Ramos aseguró que una auténtica reforma al sistema de justicia debe incluir a fiscales, peritos, notarios, actuarios, mediadores y abogados
En pleno debate nacional sobre la reforma judicial, el psicólogo clínico Juan Carlos García Ramos expuso que una auténtica reforma de justicia debe incluir a los fiscales, secretarios de Acuerdos, proyectistas, peritos, notarios, mediadores, actuarios y abogados defensores.
“Se piensa que, los personajes a los que me refiero, deban de haberse formado en la ciencia del derecho; sin embargo, la salud mental y su formación humana deben ser una prioridad en el desempeño de la impartición de justicia”, destacó.
Agregó que todas las personas implicadas en la impartición de justicia deben demostrar un perfil con potencialidades de honestidad, empatía, objetividad y habilidad para desempeñarse con imparcialidad y competencia profesional.
“Si a todo lo anterior, aunamos los dilemas de salud mental que ocurren en el escenario institucional, con la diversidad de opiniones y desempeño del personal auxiliar; así como las actitudes perversas en las jerarquías de liderazgo y poder, las bondades de una reforma se perderán”, añadió.
García Ramos advirtió sobre los riesgos de que la iniciativa presidencial provoque el surgimiento de “una nueva versión de un sistema judicial corrupto en nuestro país”.
“Las opiniones en torno a las irregularidades que pueden darse por los nuevos procedimientos y requisitos para la elección de jueces, y que están dirigidos por la condición de sus capacidades, su perfil profesional y su posible complicidad con personajes activos en la delincuencia, implica caer en una paradoja. Si se trata de corregir irregularidades actuales en la impartición de justicia y se teme que esto ocurra a partir de la reforma judicial, pues de nada sirve la reforma que se está discutiendo”, enfatizó.
A través de un texto titulado “La reforma judicial en riesgo de caer en perversión”, el especialista advirtió sobre los peligros de corromper los procesos jurisdiccionales como consecuencia de la “renovación estructural”, que implica la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
