La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió tres recomendaciones dirigidas al Municipio de Ezequiel Montes, a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPM) de El Marqués y a la Secretaría de Seguridad Pública de Colón, tras investigaciones que revelaron violaciones a los derechos humanos.
La primera, debido a la detención arbitraria de un quejoso y seis personas más el 24 de febrero de 2023, cuando descendían de la Peña de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes.
Las víctimas fueron arrestadas sin explicación por los elementos policiales y sin fundamento legal, y retenidas sin la presencia de un juez cívico, y no se les garantizaron condiciones básicas de atención durante su arresto, por lo que se acreditaron violaciones al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, al Derecho a la Libertad Personal y Trato Digno.
Por ello, la DDHQ recomedó la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas para que reciban medidas de rehabilitación y reparación; capacitar a los oficiales sobre respeto a los derechos humanos y trato digno a personas detenidas; y garantizar que el juzgado vívico cuente con personal capacitado para asegurar el acceso a la justicia.
En la segunda Recomendación surgió a partir de la acreditación de violaciones al Derecho a la Vida y la Integridad Personal, y al Derecho a la Seguridad Jurídica, de una persona que falleció después de ser detenido. Según las investigaciones, los oficiales utilizaron fuerza excesiva, lo que resultó en un traumatismo abdominal que causó su muerte.
Al respecto, las recomendaciones fueron: Capacitación al personal policial sobre uso legítimo de la fuerza y respeto a los derechos humanos; iniciar procedimientos para deslindar responsabilidades y sancionar a los agentes involucrados; así como la inscripción de familiares de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.
La tercera Recomendación fue por la detención arbitraria por parte de elementos de la SSPM de Colón, tras un incidente con personal del Banco del Bienestar.
Por ello, la Defensoría recomendó la inscripción de los agraviados en el Registro Estatal de Víctimas; el inicio de procedimientos para sancionar a los oficiales responsables; eimplementar capacitaciones continuas sobre el respeto a los derechos humanos y la aplicación de protocolos en detenciones.
Las autoridades responsables tienen un plazo de 15 días naturales para notificar la aceptación de las recomendaciones y presentar pruebas de su cumplimiento.
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