El Poder Judicial del Estado de Querétaro ejerce menos de 2.5% del presupuesto estatal. Foto: Especial
Berenice Santos
En los últimos cuatro años, el presupuesto del Poder Judicial del estado de Querétaro fue menor al 2.5 por ciento del total de egresos de la entidad, dicho porcentaje es el mínimo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) considera que se debe establecer en el Presupuesto 2025 para garantizar que los poderes judiciales cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo cambios estructurales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, tiene hasta el 30 de octubre para presentar el anteproyecto de Presupuesto 2025 al Poder Ejecutivo y debe considerar aspectos relacionados con la reforma judicial.
“El presupuesto de los poderes judiciales estatales debe ser igual o mayor al aprobado el año anterior y debe representar al menos 2.5 por ciento del presupuesto general de cada entidad federativa”, señaló el CJF en el documento “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” que presentó en el Senado de la República durante la discusión de la reforma judicial.
El poder Judicial del estado de Querétaro este año tuvo un presupuesto de egresos de mil 396 millones 520 mil 723 pesos, lo que representa el 2.25 por ciento del total de recursos para la entidad.
Del total presupuesto del poder Judicial del estado para este año, el 76.7 por ciento fue destinado para sus gastos de operación y el 23.27 por ciento, para jubilaciones y pensiones.
En tanto, en 2023 se destinó el 2.37 por ciento del presupuesto estatal al Poder Judicial, lo que ubicó a Querétaro como una de las cinco entidades con mayor proporción del poder estatal, de acuerdo con un informe de Impunidad Cero.
La reforma judicial, que fue rechazada en comisión por el Congreso de Querétaro, establece que lo derechos laborales de los trabajadores de la federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad, por lo que los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal considerarán los recursos para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral.
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