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Diputados de Morena y PT plantean austeridad en los tres poderes del estado

Diputados de Morena y PT presentaron una iniciativa para reformar la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, en materia de "austeridad republicana" aplicada a los tres poderes del estado

Diputados de Morena y PT presentaron una iniciativa para reformar la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, en materia de “austeridad republicana” aplicada a los tres poderes del estado

Las y los legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa por la que se reforma el artículo 66 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, “en materia de austeridad republicana”.

La diputada del PT, Claudia Díaz Gayou, precisó que, en dicha iniciativa, se propone que los sujetos de dicha ley; es decir, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no incluyan dentro de su presupuesto de egresos ni ejerzan recursos públicos para el pago de asesores, consultores y asesorías en cualquier materia; pago de viáticos internacionales y los que se realicen fuera del estado; pago de gasto en restaurantes, hospedaje en hoteles, reparación de vehículos propiedad de funcionarios públicos y gasolina de estos, aún y cuando sean otorgados en comodato o resguardo.

Además, dijo, que considera que no se ejerzan recursos públicos para el pago de ayudas sociales, subsidios o donativos que se otorguen de manera discrecional y que carezcan de reglas de operación consideradas en un programa que para tal efecto aprueben los ayuntamientos, el pleno de la Legislatura, el pleno del Poder Judicial o los órganos de gobierno de las entidades paraestatales o del titular del Poder Ejecutivo, según corresponda.

Claudia Díaz refirió que la iniciativa contempla que el Poder Legislativo y los ayuntamientos no asignen recursos públicos a través de prerrogativas a los diputados locales, síndicos, regidores y presidentes municipales.

Mencionó que la iniciativa también señala que los gastos de comunicación social no deben exceder el 0.1 por ciento del presupuesto anual del Poder Ejecutivo, no el 1.0 por ciento del importe total del presupuesto de egresos de los demás sujetos de la ley.

Finalmente, precisó que la iniciativa propone que no se apliquen recursos del erario público para seguros de vida y de gastos médicos mayores ni para equipos ni líneas telefónicas asignadas a funcionarios.