La SCJN desechó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Foto: Especial
El presidente de la Asociación Queretana de Abogados (AQA), Gerardo Raúl Bárcenas Acosta, consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desestimar el proyecto para invalidar parcialmente la reforma judicial en “términos técnicos” fue correcta; sin embargo, destacó que el “grave problema” es el efecto de su aplicación.
En entrevista, el abogado explicó que el pleno de la SCJN no tiene facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad contra una reforma ya plasmada en la Constitución, como la judicial que entró en vigor el 15 de septiembre pasado.
“El Poder Legislativo al crear una nueva norma constitucional, pues prácticamente se genera una ley suprema. Por lo tanto, el Poder Judicial no puede entrar en ese estudio, porque ya queda una norma suprema”, afirmó.
Explicó que la fracción 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que es improcedente promover una demanda contra reformas a la Constitución, por lo que, afirmó, en el mismo sentido, la Corte no podía pronunciarse sobre la reforma judicial.
Recordó que la SCJN no estudió el fondo de la reforma judicial, solo la procedencia y que, al no alcanzar la mayoría calificada desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteaba invalidar parcialmente la reforma judicial.
Aunque considera que la SCJN no tiene la facultad de frenar la reforma por ser constitucional, el abogado advirtió que habrá graves consecuencias en que los juzgadores federales se elijan mediante el voto popular.
Destacó que actualmente hay una ola de renuncias en el Poder Judicial de la Federación y, afirmó, que los efectos se verán en el 2025 después de la elección popular.
“Ser un juez, un magistrado o un ministro no es una cuestión de votación, es una cuestión de formación”, consideró.
Respecto a que la reforma judicial se lleve hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el especialista destacó que su resolución no es vinculante, por lo que no habrá posibilidad de frenarla.
“Mi visión es que las cosas van a quedar ya como está reformado, que ya es ley suprema”, lamentó.
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