Obtienen amparo para conservar dos parcelas como áreas protegidas en Jurica

Un juez federal concedió un amparo a la Asociación Parque Intraurbano Jurica A.C. con el efecto de que dos parcelas, que abarcan 224 hectáreas, sigan conservándose como Área Natural Protegida en Jurica Poniente, luego de que el gobierno municipal había determinado cambiar su uso de suelo para el desarrollo de dos proyectos inmobiliarios.

En conferencia de prensa, Izarelly Rosillo Pantoja, integrante de la asociación, explicó que en su momento las hectáreas del Parque Intraurbano La Queretana fueron decretadas como Área Natural Protegida, pero “desafortunadamente” por un acuerdo del cabildo del municipio de Querétaro, en 2018 durante la administración del exalcalde Marcos Aguilar Vega, se determinó desincorporar las parcelas ejidales 41 Z-3 P1/1 y 42 Z-3 P1/1, del Ejido de Jurica, delegación municipal Félix Osores; además de que se autorizó el cambio de uso de suelo a uso habitacional con densidad de población de 200 habitantes (H2).

“Esto vulnera el derecho humano a un ambiente sano, a garantizar la justicia climática, no sólo de los habitantes del fraccionamiento Jurica, de todos los colonos, sino también del pueblo de Jurica, porque ellos son también una población altamente vulnerable a los riesgos del cambio climático”, alertó.

Ante ello, la asociación promovió una demanda amparo que fue resuelto por el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, Vicente de Jesús Peña Covarrubias, quien determinó concederlo.

De acuerdo con el amparo indirecto 751/2023, el juez ordenó dejar insubsistentes las resoluciones por las que el municipio de Querétaro desincorporó las parcelas de la ANP; además frenó la autorización de cambio de uso de suelo.

“Esta sentencia es histórica y relevante, primero porque es la primera en materia de justicia climática que se tiene en todo el país, y segunda por los argumentos que en su momento el juzgado, el juez de distrito, proporciona para otorgar el amparo. Es una sentencia que está basada en tratados internacionales, en la supremacía constitucional para garantizar los derechos humanos”, celebró Izarelly Rosillo.

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