Autoridades de la FGE continúan realizando cateos en distintos puntos de Querétaro como parte de la investigación del ataque armado en “Los Cantaritos”; aún está pendiente una orden de aprehensión contra otro presunto implicado en los hechos
Las autoridades de la fiscalía estatal continúan realizando cateos en distintos puntos de Querétaro como parte de las investigaciones por el ataque armado en el bar “Los Cantaritos” que dejó a 10 personas muertas , informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Braulio Guerra Urbiola.
“Fueron solicitadas por parte de la fiscalía distintas peticiones, que fueron diversos cateos que se han estado realizando y que los jueces están otorgado de manera inmediata; y fiscalía ha justificado de manera plena las condiciones jurídicas para poder seguir haciendo cateos en investigaciones en distintos puntos del estado, que no referimos por cuidar los procesos y las investigaciones de fiscalía”, detalló en rueda de prensa.
Destacó que sigue pendiente de concretar una orden de aprehensión contra un presunto implicado. Respecto a los dos detenidos que ya fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, y que están en prisión preventiva justificada, en caso de ser sentenciados podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.
Explicó que la pena máxima en Querétaro son 50 años de prisión, aunque en ocasiones se pueden sumar las penas por delitos cometidos en un sólo lugar y alcanzar más de 100 años de prisión, “lo que es real es que esto se vuelve declarativo, porque el tope siempre va a ser 50 años”.
En otro tema, los dos servidores públicos que estaban adscritos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a los que se les concedió la suspensión condicional de su proceso penal tras ser imputados por los delitos de abuso de funciones y delitos contra la administración de justicia, podrían reincorporarse a sus funciones en el caso de que no estén inhabilitados ni vetados en sus respectivas áreas laborales, aseguró el magistrado presidente.
Respecto al tercer funcionario que también fue procesado por dichos delitos, no accedió a la suspensión condicional de su proceso, debido a que apeló en segunda instancia y logró que se levantarán los cargos en su contra por el delito de abuso de poder.
