Según datos de Infoqro, de un total de 9 mil 682 solicitudes de información; la mayoría fueron de los municipios, después los ciudadanos fueron quienes también solicitaron información sobre las entidades paraestatales y los poderes
De enero a noviembre, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) recibió 9 mil 682 solicitudes de información, de las cuales la mayoría fue sobre municipios, con 3 mil 759, lo que representa el 39 por ciento del total.
Del total, 9 mil 343 fueron solicitudes de información pública, mientras que 340 fueron de datos personales.
Según datos del organismo autónomo, después de los municipios, los ciudadanos solicitaron información sobre las entidades paraestatales, con 21 por ciento, y sobre los poderes, 18 por ciento.
El resto fueron solicitudes sobre organismos autónomos (mil 121), paramunicipal (410), Universidad Autónoma de Querétaro (212), partidos políticos (172), fideicomisos (55), sindicatos (42) y persona moral (33).
Los sujetos obligados que más recibieron solicitudes de información pública de enero a noviembre de este año fueron el municipio de Querétaro (mil 653), el poder Ejecutivo del estado de Querétaro (mil 226), el municipio de Corregidora (485), la Fiscalía General del Estado (443) y la Secretaría de Salud estatal (343).
En tanto, los sujetos obligados que recibieron más solicitudes de datos personales fueron el municipio de Corregidora (54) y el poder Judicial del estado (38).
Asimismo, Infoqro recibió 469 recursos de revisión, es decir, inconformidades de los ciudadanos al momento de solicitar información, de las cuales, en el 37 por ciento ordenó a los sujetos obligados entregar los datos solicitados; en 32 por ciento se sobreseyó; en 27 por ciento desecho, y en cuatro por ciento confirmó.
El año pasado, Infoqro recibió en total 9 mil 636 solicitudes de información, mientras que en 2023, 9 mil 258.
El Infoqro, al igual que los otros organismo locales, está en proceso de desaparecer luego de que el Congreso de la Unión aprobó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que sus funciones pasen a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, modelo que se replicará a nivel local.
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