El diputado local Paul Ospital presentó una iniciativa para que sentenciados por corrupción no tengan cargos públicos; además, para evitar que accedan a una suspensión de su proceso penal, planteó aumentar las penas a entre 5 y 15 años de prisión
En el marco del Día Internacional de la Corrupción, Paul Ospital Carrera, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para que las personas que hayan sido sentenciadas por algún delito relacionado con corrupción no puedan ser funcionarios públicos, a lo que llamó “muerte civil”.
“Toda aquella persona que haya cometido alguno de los 17 actos de corrupción que estipula nuestro Código Penal no podrá volver a ser servidor o servidora pública en toda su vida en el estado”, apuntó.
La iniciativa plantea reformas al artículo 8 y 37 Bis de la Constitución del Estado de Querétaro para establecer que aquellas personas del servicio público que hayan obtenido una condena por delitos relacionados con corrupción no puedan desempeñar ningún cargo público o de elección popular.
Además, el diputado señaló que en muchos casos cuando funcionarios públicos enfrentan un proceso penal por delitos relacionados por corrupción, no todos llegan a juicio, sino que se van a procedimiento abreviado, llegan a un acuerdo reparatorio o acceden a un criterio de oportunidad, por lo que no son sentenciados.
“En estos tres casos, que es lo que más se da, resulta que entonces quien cometió el acto de corrupción llega a un acuerdo con la autoridad, a veces pagan una multa, a veces la propia fiscalía les da el criterio de oportunidad y en consecuencia no les genera una sentencia”, apuntó.
Para evitar que los funcionarios acusados de actos de corrupción accedan a una suspensión de su proceso penal, el diputado planteó reformar el Código Penal estatal para aumentar las penas a entre 5 y 15 años de prisión.
Lo anterior, debido a que actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se podrá acceder a un criterio de oportunidad cuando el delito por el que se es acusado tenga una pena menor a 5 años de prisión.
“Estamos aumentando las penas para evitar estos beneficios procesales que tienen, que impiden que tengan una sentencia. Es decir en resumen todas las personas que caigan en uno de estos 17 supuestos, porque los públicos van a tener una sentencia por corruptos”, resaltó.
