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diciembre 11, 2024

Diputada del PT propone ampliar responsabilidades de personas físicas o morales

Claudia Díaz Gayou presentó iniciativas con el objetivo de ampliar las responsabilidades de las personas físicas o morales en materia penal y a nivel administrativo

Claudia Díaz Gayou, diputada local del Partido del Trabajo (PT), presentó iniciativas con el objetivo de ampliar las responsabilidades de las personas físicas o morales en materia penal y a nivel administrativo.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que la primera iniciativa tiene el fin de reformar el “Código penal del estado de Querétaro” para armonizarlo con el Código nacional de procedimientos penales y “establecer la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas”.

Se trata de una reforma al artículo 19 para establecer el catálogo de delitos en los que puede incurrir una persona moral y determinar las condiciones bajo las cuales una persona jurídica podrá ser eximida de esta responsabilidad, como la implementación de sistemas efectivos de control, supervisión y prevención.

La reforma contempla sujetar a responsabilidad penal a las personas jurídicas o morales por delitos contra el medio ambiente, de corrupción, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales o financieros, de trata de personas y de explotación laboral; dichos delitos pueden ser sancionados con multas y hasta con la disolución de la persona moral o jurídica.

“Esta armonización no solo refuerza el combate a las prácticas ilícitas realizadas a través de estructuras organizacionales, sino que también consolida un entorno empresarial más ético y transparente”, señaló la diputada.

Además, la legisladora presentó iniciativas para reformar la “Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del estado”, así como la “Ley de obra pública estatal”.

Lo anterior, para establecer que las personas morales o jurídicas que participen en las licitaciones públicas implementen en sus organizaciones las políticas de integridad señaladas en la “Ley general de responsabilidades administrativas”.

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