El Congreso del estado de Querétaro tiene la oportunidad de no homologar al 100 por ciento la reforma judicial federal y hacer una reforma a la Constitución del estado en la que se garantice que las personas que aspiren a ser juzgadoras y a participar en la elección popular cuenten con experiencia en la materia, consideró Héctor Parra Rodríguez, analista legislativo.
En entrevista, el analista criticó a los congresos locales que ya homologaron su Constitución con la federal en materia de la reforma judicial, al considerar que replicaron los errores, como no garantizar el expertís de los aspirantes.
“Que no se cometa el mismo error, al menos aquí en el estado de Querétaro, quienes lleguen a ocupar los cargos en la impartición de justicia local que tengan experiencia en la materia, que sea un requisito fundamental”, señaló.
Manifestó que para la elección judicial de juzgadores locales en la entidad, prevista para 2027, podría establecerse un comité de evaluación en el que participen notarios, colegios de abogados, facultades de Derecho, etcétera.
Respecto a que en el Congreso local aún no se comience a discutir la homologación de la reforma judicial, el analista señaló que será un tema que generará incertidumbre debido a que ningún partido, ni Morena ni Acción Nacional (PAN), tiene la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, por lo que no será tan fácil como en congresos con mayoría morenista.
“Como no se tiene la mayoría calificada para una reforma a la constitución local, no se sabe cuál va a ser el criterio. Ante esta situación inédita, pues, lo ideal es que se sienten las fracciones, los grupos, y encuentren el punto intermedio que permita salvar esta situación”, aseveró.
La reforma judicial, que entró en vigor el 15 de septiembre, estableció un plazo de 180 días para que los congresos locales homologuen sus constituciones para garantizar la elección de juzgadores, que vence en marzo.
Ante el retraso del Congreso local para comenzar a homologar la reforma judicial, el analista señaló que no están obligados a cumplir con los plazos porque la ley no establece sanciones; no obstante, criticó que las bancadas aún no se posicionen respecto a ello.
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