El gobierno municipal de Querétaro expresó su inconformidad por la sentencia de amparo al Ejido El Zapote. Foto: Especial
En la primera sesión ordinaria de 2025, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó por mayoría de votos un acuerdo para cumplir con la sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y Juicios Federales sobre el Ejido El Zapote.
El gobierno municipal informó que iniciará acciones legales para restituir la protección de 485 hectáreas del dicho predio.
Asimismo, dio a conocer que comenzará un nuevo procedimiento legal para restituir la protección oficial a estas tierras. Además, advirtió que cualquier intento de desarrollo en la zona será tratado como un delito.
“Esta medida forma parte de una estrategia integral para proteger 12 mil hectáreas y garantizar la sostenibilidad y calidad de vida”, detalló.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, manifestó su desacuerdo con el fallo y afirmó que defenderá el medio ambiente y los intereses de la ciudadanía.
La sentencia otorgó al Ejido El Zapote un amparo y ordenó al Ayuntamiento de Querétaro desincorporar 485 hectáreas de las tierras de uso común de las más de 12 mil hectáreas declaradas como Área Natural Protegida en la “Zona Occidental de Microcuencas”. Esto excluye esas tierras de uso común de la declaratoria y sus efectos.
También aprobó por mayoría de votos el acuerdo que reforma diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, dichas modificaciones buscan brindar claridad a las atribuciones de las diferentes unidades administrativas, con el propósito de mejorar el desempeño de sus funciones, así como proporcionar mayor certeza jurídica a los órganos de revisión y auditoría y así favorecer la transparencia y asegurar el adecuado ejercicio de sus funciones.
De igual forma, avaló el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Querétaro, que tiene como objetivo consolidar un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de máxima utilidad para la sociedad, transparencia, eficiencia y eficacia gubernamental, competitividad, desarrollo económico y modernización administrativa.
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