El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, instruyó que la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín, sea mediadora entre los trabajadores sindicalizados y el municipio de Cadereyta de Montes
El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que instruyó a la secretaria del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, atender la huelga del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cadereyta de Montes que inició el pasado 14 de febrero, luego de no haber llegado a un acuerdo laboral con la administración municipal.
Detalló que vio en redes sociales que la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, aseguró que envió un oficio al gobierno estatal para solicitar un paquete de auxilio económico por el adeudo al sindicato.
Al respecto, dijo: “Resulta que mandó el correo, pero no mandó la petición (…) aún así, ya pedí a la secretaria del Trabajo que vaya, que vea lo que está sucediendo y vea en que podamos apoyar, ver de qué se trata y porqué se llegó a ese punto de permitir una huelga en el municipio, porque eso le pega mucho al ciudadano”.
De acuerdo a la presidenta municipal, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cadereyta de Montes inició la huelga tras demandas de un pago superior a los 52 millones de pesos, cifra que, afirmó, es consecuencia de adeudos de las anteriores administraciones municipales a cargo de León Enrique Bolaño Mendoza y Miguel Martínez Peñaloza.
Respecto a si el gobierno estatal podría destinar recursos extraordinarios al municipio de Cadereyta de Montes para saldar la deuda, Kuri González señaló que no han recibido más recursos de la federación.
“Estamos usando nuestros propios recursos, con nuestras propias uñas”, aseveró.
No obstante, mencionó que el gobierno estatal tiene la voluntad de ayudar, por lo que espera que la secretaria del Trabajo pueda crear una mediación entre el sindicato y el municipio.
Este domingo, la alcaldesa refirió que durante la huelga de trabajadores se ha registrado que hay inmuebles municipales sin resguardo, o resguardados por personas menores de edad y otros que no son del sindicato, lo que calificó de “muy grave”.
