En Querétaro, se pagan pensiones alimenticias por 534 MDP al año en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias por orden de diversas autoridades jurisdiccionales
En Querétaro, se pagan pensiones alimenticias por 534 millones de pesos al año y hasta el momento hay 15 personas de la entidad en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) por orden de diversas autoridades jurisdiccionales, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Braulio Guerra Urbiola.
“Desde luego, ahora hay un procedimiento para saber quién no está pagando, y bueno, aquí ponemos por encima el interior superior del niño, de la niña, precisamente para buscar garantizar que se tenga acceso a sus derechos alimentarios, que incluyen, vestido, alimentación, educación”, señaló.
El consejero César Soto Campos explicó que una persona es inscrita al RNOA cuando no cumple al 100 por ciento la obligación alimentaria en el plazo establecido por un juez familiar. “No es necesario realizar ninguna denuncia penal”, puntualizó.
Detalló que actualmente los 12 juzgados familiares en la entidad llevan aproximadamente mil 800 expedientes al año, de los cuales entre el 30 y 35 por ciento son por pensiones alimenticias.
El magistrado presidente Guerra Urbiola señaló que en la actualidad la sala familiar, compuesta por tres magistrados, tiene un trabajo exhaustivo, por lo que pondrá sobre la mesa crear otra sala para apoyar en desahogar los asuntos de apelación dictadas en materia familiar por los jueces de primera instancia.
“Hay asuntos que se tienen litigando 20 años o 25 años. Hay niños o niñas que cumplen la mayoría de edad y que ya después de cumplir la mayoría de edad siguen litigando su pensión. Debemos centrar ese tema”, destacó.
Además, señaló que aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que debe haber 18 juzgadores por cada 100 mil personas, en Querétaro la tasa es de 3.8, por lo que se requieren 450 jueces más.
Finalmente, reiteró que propondrá al Congreso local una agenda en la que se contemple, además de la reforma judicial, un proyecto de ley de medidas alternativas de solución de controversias y la incorporación de un nuevo Código Civil.
