Con el objetivo de proteger a las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad, la FGE, SSC y el CIAS firmaron un convenio de colaboración para la activación digital, atención y seguimiento de las órdenes de medidas de protección
“En Querétaro se fortalece el Estado de Derecho mediante acciones centradas en favorecer a las personas, sus derechos y libertades”, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González en la firma del convenio de colaboración que celebraron las y los presidentes municipales, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CIAS), para la activación digital, atención y seguimiento de las órdenes de medidas de protección; instrumento para proteger de la violencia de manera pronta y eficaz a niñas, adolescentes y mujeres.
En su mensaje, el mandatario recalcó que con la firma del convenio, refrendan la coordinación institucional existente en el estado y la voluntad clara de colaboración y cooperación entre las instituciones de seguridad en aras de la población queretana, mediante el uso de la herramienta tecnológica puesta en marcha por la FGE desde el 23 de mayo del 2022.
“Este desarrollo tecnológico facilita que las corporaciones de Policía Estatal y de los 18 municipios conozcan y atiendan en tiempo real la activación de las mismas, con seguimiento continuo, ágil y eficaz en favor de las personas a quienes se brinda la protección legal y material”, explicó.
El fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, explicó que el convenio establece las bases de colaboración entre las partes para la implementación de la activación digital e integral, y así dar a conocer en tiempo real a las instituciones de seguridad de las órdenes de medidas de protección emitidas desde el Sistema Informático Único, las cuales permiten optimizar y facilitar la actuación de los operadores en la tramitación, emisión, atención, control y seguimiento de estas, que son dictadas por la Fiscalía estatal en favor de las y los ofendidos, cuando se estime que existe un riesgo inminente en contra de su seguridad.
El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Javier Rascado Pérez, destacó que la entidad ha sido pionera en la implementación de esta estrategia.
