Aleida Quintana refirió que, en este 2025, el trato que reciben las familias de personas desaparecidas por parte de la DDHQ presenta una mejora tras acercamientos y peticiones al organismo
La coordinadora de grupo Tekei, Grupo Interdisciplinario por la Igualdad en Querétaro, y miembro del comité de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, Aleida Quintana Ordaz, confirmó que, en este 2025, ya fueron presentadas dos quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) por la posible violación de los derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, llamada unidad especializada en búsqueda de personas de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La activista refirió que, en este 2025, el trato que reciben las familias de personas desaparecidas por parte de la DDHQ presenta una mejora, tras acercamientos y peticiones al organismo; sin embargo, expuso que, en años previos, existía una revictimización o no se iniciaban las quejas.
“Los años anteriores (…) la defensoría determinaba que no iba a iniciar queja, cuando llegaban les decían a las familias que no pusieran queja, que primero los dejaran ver y dialogar con fiscalía. Afortunadamente, nos hemos acercado con la defensoría, hemos tenido una respuesta muy favorable; el trato que ya reciben las familias en este año ha sido muy bueno, favorable, pero se dio a partir de un acercamiento que tuvimos con ellos, porque estaban violentándolos y revictimizándolos”, señaló.
Por otra parte, puntualizó que existen casos documentados en los que cuando las familias presumen que la persona desaparecida, que migró a Estados Unidos, fue víctima de algún delito y por eso no logran establecer comunicación con ella, servidores públicos de la unidad especializada de la fiscalía les indican que la migración sin documentos es un delito y se puede iniciar un procedimiento en contra de su familiar, situación que, dijo, desincentiva la denuncia.
“Les están mintiendo, criminalizando, y evitan que la familia participe de las investigaciones y proporcione información para la localización”, añadió.
