El TSJ presentó al Congreso local un decálogo de consideraciones para la reforma judicial; además, pidió un proceso riguroso en la entidad para seleccionar a los candidatos juzgadores. Foto: Berenice Santos
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, presentó al Congreso local un decálogo de consideraciones para la reforma judicial, en las que se plantea que haya un proceso riguroso en la entidad para la selección de los candidatos a juzgadores.
“Al igual que en otras entidades federativas donde se han creado comités de evaluación y certificación, se han encontrado mecanismos que garantizan el ingreso al Poder judicial basados en el mérito, en el episteme, en el conocimiento, en la experiencia y en la capacidad jurídica, asegurando que los perfiles sean óptimos y confiables para la ciudadanía”, señaló durante el Diálogo Interinstitucional entre Poderes para la implementación de la reforma del Poder Judicial local.
En ese sentido, el grupo parlamentario de Morena y el PT ha insistido en que la selección de los candidatos sea por tómbola, como a nivel federal. Sin embargo, el PAN planteará que haya otro mecanismo en el que se pondere el conocimiento y la carrera judicial de los aspirantes.
Además, el magistrado presidente señaló que la boleta para la elección de jueces y magistrados debe ser clara y accesible para la ciudadanía; planteó incluir las voces del Poder Judicial en la construcción de las leyes secundarias; así como garantizar el buen funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina local.
Asimismo, planteó poner en marcha la implementación de la oralidad en juicios civiles y familiares en conjunto con la reforma judicial; así como preservar los avances en la materia de justicia penal; crear una nueva sala en materia familiar debido a que actualmente tienen sobrecarga de trabajo; y que se garantice fortalecer la confianza en los juzgadores y la paridad de género.
Finalmente, Braulio Guerra destacó que el decálogo se presentó de manera respetuosa y que los legisladores son quiénes determinarán el contenido de la reforma judicial, cuyo impacto se verá en al menos cinco años.
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