La pobreza en México se incrementó en 3.8 millones de personas entre el 2019 y el 2020, según cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto significa que el número de personas en situación de pobreza aumentó de 51.9 millones que había en el 2018 a 55.7 millones en el 2020.
Sin menoscabo del deterioro en las condiciones de vida de la gente que se vio impactada por la pandemia, expertos del organismo matizaron que las transferencias de efectivo que distribuyó el gobierno mexicano en la emergencia sanitaria evitaron que otros 2.5 millones de mexicanos cayeran en niveles más bajos de ingresos.
Al interior del documento de trabajo, titulado Social Spending in Mexico: Needs, Priorities and Reforms/ Prioridades y reformas para el gasto social en México, expertos del FMI reconocieron la preocupación del gobierno sobre el bienestar de las familias que menos tienen y sugirieron buscar mecanismos para aumentar los ingresos públicos.
No obstante, resaltaron que el contexto mundial es poco propicio para encontrar alternativas financieras en el mercado. Se refieren al menor dinamismo de la economía mundial por la inflación y el aumento de contagios, así como por el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que se espera para este año.
La recomendación de los expertos del FMI es aplicar una serie de cambios regulatorios en materia fiscal y afinar la eficiencia del gasto público, de manera que se pueda ampliar la capacidad del gobierno para distribuir recursos.
De hecho, el staff de economistas del FMI, propuso aplicar una serie de reformas que permitan incrementar hasta en tres puntos del PIB el gasto público.
En el documento, liderado por Swarnali Ahmed Hannan, economista del departamento del Hemisferio Occidental en la institución, recomendaron dar “un pragmático paso inicial” que considere destinar el equivalente a 2 puntos del PIB a proyectos sociales, educación y salud y 1% del producto adicional para la inversión en infraestructura.
Los expertos del FMI consignaron también que sería pertinente revisar los programas sociales que mantiene el gobierno. Esto servirá para identificar áreas de oportunidad para fortalecerlos.
Se refirieron en específico a Becas para la Educación Básica para el Bienestar así como transferencias en efectivo para las familias de menos recursos que no están condicionadas a controles regulares de los estudiantes.
En el documento explican que si se monitorea el destino de estos recursos, se puede garantizar que no aumente la deserción escolar, y se podría tener una mayor certeza de que los estudiantes no verán mermas en su nutrición y salud.
De acuerdo con los economistas del Fondo Monetario, otro factor que limita la capacidad de recaudar ingresos públicos en México es la alta informalidad que prevalece en el mercado laboral.
En el documento de trabajo resaltan que México está significativamente rezagado de las economías regionales y de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en recaudación de impuestos no petroleros.
En consecuencia, observan que sería necesario implementar reformas tributarias a mediano plazo.
Estos cambios regulatorios se ejecutarían gradualmente a medida que la economía se fortalece. De esta forma, si el gobierno cuenta con mayores ingresos tributarios podría financiar proyectos de desarrollo social así como utilizarlos para reducir la deuda pública.
En este documento en particular no detallaron la recomendación para el incremento de ingresos tributarios, pero se trata de un tema que han sugerido de forma consistente al menos desde el 2018.
El FMI reitera que se puede ampliar la base gravable del Impuesto al Valor Agregado (IVA); reducir la exposición de los ingresos fiscales respecto del Impuesto obre la Renta (ISR); incrementar recaudación del Predial, reponer la Tenencia vehicular y adoptar una estrategia integral “con asistencia técnica del Fondo Monetario” para reducir la evasión fiscal.
Esta estrategia recaudatoria podría desarrollarse en un mediano plazo, y otorgaría al menos 2 puntos adicionales del PIB, sólo con la aplicación de reformas fundamentales al IVA como generalizar el cobro, reducir la evasión, darle progresividad, y retirar la tasa cero.
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