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En el Congreso Internacional sobre Movilidad Humana, especialistas advirtieron que permanece una brecha sobre el diagnóstico formal y las necesidades reales de las personas repatriadas desde Estados Unidos
Durante el segundo día del Congreso Internacional sobre “Movilidad humana, protección multinacional y crisis humanitarias”, el presidente de la Mesa Directiva de la 61 Legislatura del Estado, Sinuhé Piedragil Ortiz, subrayó que a pesar de que existen marcos legales locales y mecanismos de apoyo económico, persiste una brecha real en el diagnóstico integral de las necesidades de las y los migrantes repatriados de Estados Unidos.
En la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Querétaro, puntualizó que México ha ofrecido apoyo consular y asesoría legal a las personas mexicanas en riesgo de deportación, pero también ha aceptado a algunos deportados no mexicanos. Además, enfatizó que se rechaza que las y los connacionales sean trasladados a países terceros antes de llegar a México.
“El incremento del tiempo de la estadía en Estados Unidos de quienes han sido deportados implica la separación de familias y la ruptura de proyectos de vida en ese país y, con mucha frecuencia, un regreso a México con pocas o inexistentes redes sociales de apoyo. Es altamente probable que personas deportadas tengan como única opción permanecer por tiempo indefinido en las ciudades fronterizas en condiciones sumamente precarias”, añadió.
El titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves, puntualizó que, en julio de este año, hubo un repunte significativo en las deportaciones de personas mexicanas en Estados Unidos, pero que no son mayores que las que se registraron en el 2012 durante el gobierno de Barack Obama. Por lo que consideró: “Trump, desde su primer mandato, ha generado una especie de trastorno de ansiedad en la migración”.
Por su parte, Reynaldo López Cardoza, diputado de El Salvador, expuso que el gobierno de su país, aprobó la “Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana”, para el retorno de las personas connacionales de dicho país que migraron a Estados Unidos.