“Ley Abril” en la CDMX, qué es, de dónde nace y qué propone

La iniciativa busca evitar que la violencia de género sea calificada como un delito no grave y reforzar las medidas para proteger en todo momento la vida de las víctimas

La diputada capitalina Gabriela Quiroga alista la presentación de la iniciativa “Ley Abril”, en la que propone reformas al Código Penal local para aplicar medidas inmediatas y prisión de hasta 18 años a funcionarios que desestimen la violencia de género.

En conferencia de prensa, sostuvo que el objetivo de la iniciativa es evitar que la violencia de género sea calificada como un delito no grave y reforzar las medidas para proteger en todo momento la vida de las víctimas.

Acompañada por la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Quiroga, la legisladora detalló que la propuesta plantea cambios a los artículos 293, 299 y adiciona el Artículo 293 del Código Penal para la Ciudad de México, la cual obliga a las autoridades a brindar las más altas medidas de protección a las víctimas, aunque no sean solicitadas por las afectadas.

Las reformas al Código Penal pretenden sancionar con 18 años de prisión a quienes no lleven las investigaciones con perspectiva de género o que otorguen un trato diferente a las víctimas por razón de género, obligándolas a declarar indebidamente o bien modifiquen su declaración, a fin de disminuir una sanción.

Resaltó que la iniciativa nace en respuesta al caso Abril Pérez Sagaón, donde por falta de perspectiva de género en su denuncia, su agresor quedó en libertad, ya que se reclasificó y desestimó el delito de tentativa de feminicidio y se calificó únicamente como violencia familiar.

Por ello, sostuvo que la iniciativa propone hasta 18 años de prisión, la separación del cargo y la inhabilitación por 20 años a los servidores públicos que no soliciten y ordenen las diligencias necesarias, informes o dictámenes periciales que acrediten la responsabilidad del acusado, ya que derivado de esa negligencia muchos de los agresores quedan en libertad durante el proceso y vuelven para agredir, amenazar o matar a las víctimas.

“Esta preocupación nace de una falta de sensibilidad y perspectiva de género por parte de quienes atienden en los Ministerios Públicos, los juzgados de control del Poder Judicial, así como los órganos investigadores, quienes al restarles importancia reclasifican en delitos que permiten que los responsables queden libres”, señaló la diputada.

En su oportunidad, la dirigente perredista, Karen Quiroga, quien con la asociación civil Movimiento de Unidad Justicia Equidad y Respeto (MUJER) colaboraron en la elaboración de la iniciativa, refirió que “estamos buscando se tomen las medidas de protección cuando esté en riesgo la integridad física, la libertad personal, seguridad sexual y desarrollo emocional y psicosexual”.

Además de que se pretende que cualquier delito vinculado a violencia de género sea perseguido de oficio sin opción a la conciliación, ya que si bien esto apresura la solución legal, no erradica la violencia, sólo revictimiza a la afectada, pues no se brindan las medidas cautelares necesarias, puntualizó.