El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía con 68 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, con lo cual se envía al Ejecutivo federal para su promulgación y que se autorice la excarcelación de aproximadamente 5 mil personas que están purgando delitos federales y en riesgo de contraer el coronavirus COVID-19.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en los artículos no reservados; la discusión del único punto de acuerdo en la Cámara Alta estuvo precedida de inconformidades de los diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.
Los legisladores de oposición planteaban la necesidad de abrir el diálogo a un Gran Acuerdo Nacional para tocar los temas de salud y economía, no sólo el de la Ley de Amnistía, durante la sesión ordinaria presencial que celebraron después de tres semanas que no se reunía el pleno.
Los oposicionistas terminaron por acudir a la sesión integrados como Grupo de Contención a la decisión de los legisladores de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista, quienes integran la Junta de Coordinación Política del Senado y que acordaron dedicar la sesión sólo al análisis y la aprobación de la Ley de Amnistía.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís, expresó que por razones humanitarias es que se debe aprobar el dictamen, ya que sus efectos, alcances y beneficios tienen un impacto positivo en la impartición de justicia para los grupos más vulnerables.
Indicó que con su aprobación se estaría abonando al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio de COVID-19 al interior de las mismas.
“La población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas, que representa el 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas”, precisó el legislador michoacano.
El planteamiento de la propuesta de esta ley recayó en la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, quien esquematizó los delitos cometidos por los reos que pudieran ser considerados dentro de los beneficios de esta legislación como el aborto, delitos contra la salud (por estupefacientes), considerados en el Artículo 474 de la Ley General de Salud.
Asimismo, serán liberados quienes pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas, los consumidores de narcóticos que comprueben que no usarían el estupefaciente para comercializar.
También personas originarias de pueblos y comunidades indígenas que no contaron con intérprete en su idioma en el momento de ser acusados y sentenciados; robo simple y sin violencia, delito de sedición grupos políticos, siempre y cuando no hayan cometido asesinatos o provocado lesiones graves, ni que hubiesen usado de armas de fuego.
Indicó que esos delitos pueden recibir medidas no privativas de la libertad, medidas sustitutivas posteriores a la sentencia, para quienes los cometen.
“La Ley de Amnistía se ha aplicado en cuatro ocasiones a lo largo del Siglo XX en nuestro país”, dijo la senadora morenista, aunque indicó que es la primera vez se aprueba por razones humanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus (SARS-CoV-2).
Durante las intervenciones los grupos parlamentarios inconformes expusieron diversos aspectos, como fue caso de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien presentó una moción para que se declarara que se incurrió en graves violaciones al reglamento por la forma como se armó la realización de la sesión celebrada este día, que fue rechazada por la mayoría en el Senado.
El senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la Ley de Amnistía es “abrirle las cárceles a narcotraficantes y rateros. No hay ninguna mujer en la cárcel por aborto. No nos vengan a hablar de sensibilidad. No queremos las calles llenas de delincuentes”, exigió, al asegurar que la aprobación de liberar presos sólo traerá más violencia a México.
El senador potosino de Morena, Primo Dothé, habló de su experiencia como exreo, ya que ocho veces ha estado en la cárcel y en una recibió amnistía, por lo que aprueba la decisión para liberar personas inocentes, dijo.
El senador Emilio Álvarez Icaza aseguró que la Ley de Amnistía “es un capricho presidencial que no va a ayudar a despresurizar los centros de reclusión”, además de “una estrategia de control de daños para salvar la difusa imagen presidencial”.
Posteriormente, senadoras y senadores de Morena, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría del pleno. El dictamen fue aprobado, en lo particular y en sus términos, con 63 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.
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