El ministro de la SCJN, José Fernando Franco González Salas, propuso declarar inconstitucional la “Ley Bonilla”, que permite extender el mandato del gobernador de Baja California de 2 a 5 años
José Fernando Franco González Salas, quien es ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), ha propuesto declarar inconstitucional la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que permite extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
El proyecto de sentencia fue distribuido hoy entre los otros 10 ministros integrantes del Alto Tribunal, cuyo pleno analizará la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” durante la próxima semana.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación citadas por diferentes medios de comunicación, el ministro ponente considera que dicha enmienda a la Constitución Local de Baja California viola el principio de certeza, el cual está garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los citados artículos constitucionales prohíben modificar las leyes electorales durante los 90 días previos a la jornada comicial.
Asimismo, Franco González Salas expone diversas violaciones al proceso legislativo para consumar la “Ley Bonilla”, que fue impugnada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); así como el partido local de Baja California, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Debido a que el pleno de la SCJN estudiará una acción de inconstitucionalidad, son necesarios los votos de por lo menos ocho de los 11 ministros del Alto Tribunal para anular la reforma, que permite prolongar el periodo del mandatario estatal bajacaliforniano, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Previamente, el ministro José Fernando Franco González Salas consultó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos siete magistrados emitieron por unanimidad una opinión técnica y jurídica en la que consideraron que la “Ley Bonilla” se aparta de “la normalidad constitucional”.
