Por unanimidad, la SCJN declara que la “Ley Bonilla” es inconstitucional

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que la “Ley Bonilla” representa “un gran fraude a la Constitución” tanto en el estado de Baja California como en todo el país

En una votación unánime, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para prolongar de dos a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Las y los 11 ministros integrantes del Alto Tribunal aprobaron el proyecto de sentencia elaborado por el ministro José Fernando Franco González Salas, quien determinó que la llamada “Ley Bonilla” representa “un fraude a la Constitución”, ya que violenta el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho precepto constitucional establece que las leyes electorales federales y locales no pueden ser modificadas 90 días antes de la jornada comicial. En el caso de la reforma Constitución Local de Baja California, el Congreso del Estado modificó el artículo octavo transitorio meses después de que se llevara a cabo la votación.

Durante su intervención en la sesión virtual del Tribunal Constitucional de México, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, enfatizó que esa maniobra legislativa implica “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” no solo de Baja California sino de todo el país.

“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude poselectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas; lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma de limitación del poder”, señaló.

La “Ley Bonilla” fue impugnada, por medio de acción de inconstitucionalidad”, por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y de Baja California; así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).