La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al gobierno a revisar el acuerdo que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al considerar que su inclusión debe ser sólo en caso de excepción.
“La ONU-DH hace un respetuoso llamado para que se lleve a cabo una revisión del Acuerdo bajo las consideraciones anteriores, con el objetivo de garantizar el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de la población”, exhortó.
Ello “al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseña una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que no les son propias”, recomendó.
La organización internacional calificó como insuficiente la excepcionalidad que ha marcado el Gobierno de México para convocar a los militares a las tareas de seguridad pública.
“La sola mención al carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, es insuficiente”, señaló.
La ONU-DH alertó que las funciones de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a aquellas propias de las instituciones policiales, pues la participación del personal militar en estas funciones podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso.
En medio de la pandemia declarada por COVID-19, el 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La ONU en México expuso que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepción y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad.
“Lo anterior, dado que la estrategia de seguridad instaurada desde 2006 ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de derechos humanos”, argumentó.
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