El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que existe un cambio en el rumbo de la política energética del país e incluso no descarta presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales, por lo que en su administración se respetarán los contratos y el marco legal vigente y los privados podrán seguir participando en el sector como contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrán acceso a un máximo de 46 por ciento de la generación nacional de electricidad.
En un memorándum firmado en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional el pasado 22 de julio, que presuntamente se envió a trabajadores de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente aseguró “es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación”.
“No obstante, si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad; es decir, debe mantenerse abierta, entre otras, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio de dominio de la nación sobre sus recursos naturales”, expresó el primer mandatario en el documento cuya existencia confirmaron empleados al interior de uno de los organismos.
En el documento, el primer mandatario reiteró que se respetarán los más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados tras la reforma energética, pero confirmó que no se licitarán más.
Además López Obrador dijo en el documento que se debe acabar con los subsidios a empresas particulares del sector energético. Por ello las empresas públicas y los reguladores se comprometen entonces a:
“Aclaro que todo lo que hagamos debe apegarse a normas legales y bajo ninguna circunstancia alterar el estado de derecho”, concluyó, pidiendo a los funcionarios que manifiesten si es posible llegar a esta nueva realidad.
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