La Cámara de Diputados y la FGR plantearon a los congresos estatales homologar el delito de feminicidio, para que sea considerado como un crimen de odio contra las mujeres
La Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron este miércoles a los congresos locales la propuesta realizada en conjunto que busca homologar el feminicidio en las entidades federativas, además de definir las razones de género y las sanciones que se aplicarán a quienes incurran en ese delito.
A través de redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Laura Rojas, informó que desde hace meses el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva junto con la FGR trabajaron para impulsar la homologación del tipo penal de feminicidio en el país.
La diputada resaltó que en el diseño de la propuesta también participaron representantes de todos los grupos parlamentarios, organizaciones sociales y expertas en la materia.
La coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios de la Cámara Baja, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, expresó que es insuficiente homologar el tipo penal del feminicidio, si no se garantiza a las mujeres el acceso a la justicia.
Recordó que la propuesta surgió a partir de una declaración del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, donde sugirió la posibilidad de desaparecer el delito de feminicidio, por tratarse de un delito difícil de acreditar.
La legisladora enfatizó que el feminicidio es un crimen de odio contra las mujeres, por lo que al valorar el actual tipo penal contenido en el artículo 325 del Código Penal Federal se agregaron elementos para mejorarlo.
Entre ellos, el ámbito comunitario, la violencia previa, el ámbito laboral y docente como espacios de relación entre sujeto activo y la víctima; feminicidio infantil, violencia en ámbito familiar y el uso de enervantes al cometer el delito.
“Es importante señalar que estas adiciones no suponen que las actuales circunstancias no sean suficientes por sí mismas para acreditar cabalmente el tipo penal feminicidio”, indicó.
Al referirse sobre los retos que existen para garantizar una vida libre de violencia para niñas y mujeres, la legisladora enlistó los siguientes: un sistema fallido de procuración y administración de justicia que ha otorgado impunidad a los agresores, así como normalizar la práctica de no registrar los feminicidios para generar la falsa idea de que se está atendiendo eficazmente la violencia.
También, un sistema de prevención de la violencia inexistente, presupuesto insuficiente y la poca visibilidad y garantía del derecho a la justicia establecido en la Constitución para las mujeres y las niñas.
