La FGR pidió a un juez federal una condena de 21 años de cárcel para Rosario “R”, exsecretaria de Desarrollo Social, por su presunta participación en caso de la Estafa Maestra
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de un Ministerio Público Federal, solicitó a un juez una condena de 21 años de prisión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario “R”, por actos de omisión en su gestión que presuntamente implicaron desvíos por más de 5 mil millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social y Territorial y Urbano, en un caso conocido como la “Estafa Maestra”.
La defensa de la exfuncionaria federal a través del abogado Epigmenio Mendieta calificó la solicitud de la Fiscalía como excesiva, pues a juicio, la acusación contra la también exjefa de Gobierno del antiguo Distrito Federal es por un delito menor que, incluso, no alcanzaría la prisión preventiva en su contra.
La FGR imputa a la exsecretaria de Desarrollo Social tres veces el delito de ejercicio ilícito del servicio público (uno por su gestión en Sedesol; otro por su gestión en Sedatu, y uno más por conducta continuada), contemplado en el artículo 214 del Código Penal Federal, donde se establece una pena de siete años de prisión por ese delito.
La FGR presentó la petición al juez federal de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien a su vez deberá presentar el escrito a la defensa de la exsecretaria de Estado.
Rosario “R” ha estado presa en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019.
“En ningún momento omití dar los avisos correspondientes a mis funciones como secretaria de Estado. Tenía (comunicación) con el titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, normalmente de primera mano en las reuniones directas de gabinete (y) a través de la línea directa a la oficina de la Presidencia”, aseguró el 13 de agosto del 2019 la exfuncionaria federal ante un juez federal que aquella fecha le impuso prisión preventiva mientras la Fiscalía General de la República (FGR) concluye la carpeta de investigación en su contra por la presunta afectación al erario por 5 mil 075 millones de pesos.
Un año después de que se le dictó vinculación a proceso y prisión preventiva, a través de una carta la exsecretaria de Desarrollo Social insistió en que el actual gobierno federal desea “anularme y silenciarme”.
Desde la cárcel de Santa Martha Acatitla, cuestionó que, a quienes se les acusa de delitos graves se le respeten los derechos humanos, y a ella que es señalada de un acto de omisión, se le mantenga en prisión.
Luego de que ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sugirió que la política permanece en la cárcel porque no colaboró con las autoridades en el caso conocido como “La Estafa Maestra”, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano insistió en que no se le respetó el derecho a la presunción de la inocencia.
“Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice. Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición. A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad. La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”, dijo Rosario “R”.
